El Defensor del Pueblo Europeo investiga las reclamaciones contra la mala administración por parte de las instituciones u otros órganos de la UE. Aquí se incluyen, por ejemplo, los casos de irregularidades administrativas, trato injusto, discriminación, abuso de poder, falta de respuesta, negativa a informar y retrasos innecesarios. Estas reclamaciones las pueden formular los ciudadanos o los residentes de los países de la UE, así como las asociaciones, empresas y otras entidades con sede en la Unión.
Las reclamaciones de esta índole deberán presentarse en el plazo de dos años transcurridos desde que se tenga conocimiento de los hechos en los que se basa y únicamente después de que el interesado se haya puesto en contacto con el Centro de Traducción para tratar de resolver la cuestión.
Para más información, véase la página de inicio del Defensor del Pueblo Europeo.